El Informe Anual del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que se presentará el próximo martes en el Senado, revela que España figura como beneficiario neto del presupuesto europeo: en 2009 ha contribuido a la financiación del presupuesto con 11.169 millones de euros (10,3 % del total de ingresos) y ha recibido 11.874 millones de euros (10,7% del total de pagos) a través de las distintas políticas.
Los pagos hechos a España en 2009 ascendieron a 4.174 millones de euros en el ámbito de las políticas de “Cohesión” y a 6.938 millones de euros en las políticas de “Conservación y gestión de los recursos naturales”, lo que sitúa a España, respectivamente, en la segunda (después de Polonia) y tercera (después de Francia y Alemania) posición entre los beneficiarios de esos fondos europeos. Recordemos, asimismo, que en estas dos áreas -que conjuntamente representan en torno al 80% del presupuesto de la UE-, la gestión es compartida con los Estados miembros.
En el marco de las políticas de Cohesión, el Tribunal de Cuentas Europeo auditó en España los Programas operativos FEDER-Castilla La Mancha (2007-13) y FEDER-Sociedad de la Información (2000-2006). En relación con el primero, se detectaron importantes errores que afectan a los procedimientos de licitación pública. En relación con el segundo, no se han encontrado errores significativos.
En el ámbito del esquema de Pago Único (FEAGA), dentro del ámbito de políticas “Conservación y gestión de los recursos naturales”, el Tribunal auditó en el País Vasco los procedimientos administrativos establecidos para garantizar la corrección de los pagos y la calidad de las bases de datos. El Tribunal ha concluido que estos sistemas son sólo parcialmente efectivos. Por ejemplo, se detectó que las ortografías más recientes no se estaban usando para fijar el techo de las áreas subvencionables a efectos del cálculo de los pagos. También se observaron casos de pagos a beneficiarios realizados sin cruzar los datos de la superficie declarada con los de la superficie admisible registrada en el Sistema Integrado de Gestión y de Control; y casos de cálculos incorrectos sistemáticos de la ayuda y de aplicación insuficiente de penalizaciones de superficie.
